Por la defensa de la ciudadanía de las mujeres… este 8 de marzo

Martes, 22 de Mayo de 2012 Director General: Martín Salvador Flores Durán

OPINIÓN

Josefina Hdz Téllez

Miércoles, 03 de Marzo de 2010 09:30
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Josefina Hernández Téllez

“… la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos…”
Olimpia de Gouges. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana (1791).

La constitución de la ciudadanía de las mujeres se convierte en un hecho legal que implica derechos y obligaciones; ésta se reconoció jurídicamente en México el 6 de octubre de 1953, lo que significa que antes de mediados del siglo veinte las mujeres no teníamos ni voz ni voto.

Hoy, en pleno siglo XXI, a casi 57 años de lograr personalidad jurídica y mayoría de edad para decidir sobre el ámbito público y privado –formalmente al menos-, con las reformas a los códigos penales en 17 estados en materia de penalización del aborto por causales que ya estaban despenalizadas, se viola nuestro derecho y estatus ciudadano como mujeres. Se desconoce nuestra capacidad y poder de decisión sobre nuestras vidas y cuerpos sin atender necesidades de salud y seguridad social, más allá de las implicaciones morales, espirituales, religiosas y filosóficas.

A pocos meses de celebrar 200 años de independencia nacional y 100 de la primera revolución en el mundo, la culminación del reclamo histórico de pioneras mexicanas se desdibuja y abate.

Poco o nada se sabe de que el primer antecedente formal sobre los derechos civiles para las mujeres en nuestro país se da a fines del siglo XIX y principio del XX con el movimiento de las sufragistas, pero que ya desde el movimiento de la independencia nacional hubo mujeres que reclamaban su reconocimiento e integración. Leona Vicario, Josefa Ortíz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra entre otras, fueron muestra de la legitimidad del reclamo.

En el Congreso Feminista de 1916 en Yucatán, respaldado por el gobernador Salvador Alvarado, la propuesta fue reformar el Código Civil de 1884 y la portavoz de esta demanda fue Hermila Galindo, quien además planteó la igualdad intelectual entre mujeres y hombres, así como la libertad sexual para unas y otros.

No obstante el apoyo de Salvador Alvarado y el de Felipe Carrillo, esta demanda no tuvo eco, ni éxito. Al interior mismo de las 620 delegadas que acudieron al encuentro se dividieron en grupos de derecha, izquierda y moderadas, y no fue sino hasta dos décadas después, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, como se crea el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) en 1935 para de nuevo plantear el ansiado estatus de ciudadanas. Entre las feministas que participaron en este Frente estuvieron Juana Gutiérrez de Mendoza, Concha Michel, Matilde Rodríguez Cabo, Esther Chapa, Luz Ofelia Guardiola Guzmán, entre muchas otras.

Esta organización, integrada por mujeres del Partido Nacional Revolucionario, el Partido Comunista y algunos otros sectores feministas y no feministas, consideraba que la única forma de cambiar la situación de las mujeres era lograr sus derechos civiles.

Sin embargo, ante los problemas coyunturales del gobierno cardenista –entre ellos la nacionalización de la industria petrolera- esta propuesta no fue aceptada hasta 18 años después, en 1953. Al año siguiente Aurora Jiménez de Palacios consigue el primer escaño en la Cámara de Diputados por el 1er Distrito de Baja California y hasta 1961 Alicia Arellano Tapia, por Sonora, y María Lavalle Urbina, por Campeche, consiguen los dos primeros curules en la de Senadores.

Esta historia recogió y representa la aspiración que siempre hemos tenido las mujeres de ser reconocidas humanas, con capacidades y defectos, solvencias e insuficiencias, talentos y limitaciones, pero sobre todo con capacidad y poder de decisión para acertar pero también errar y aprender de todo tipo de eventos. Derechos que hoy están a punto de desaparecer y se desvanecen a pesar del discurso político que hoy integran frases convenientes como “equidad de género”, “derechos de las mujeres”, “cuotas de género”, “contra la violencia hacia las mujeres”, entre otras, y que son motivo de campañas, de recursos y justificación de instituciones.